Las autonomías toman el relevo en las zonas dejadas del ADSL

Cinco comunidades tienen planes de ayuda a la banda ancha y a la fibra y otras dos los están preparando.
Más de media España forma parte de un mundo llamado "zonas no competitivas" de la banda ancha. La terminología es de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). También las define como "zona 2", pero su significado es el mismo: son lugares con poca densidad de población, algunos rurales, aunque también valen las afueras de cualquier ciudad, lo que les hace poco atractivos para la inversión en telecomunicaciones.

Esta situación afecta al 53,4% de España, según el último informe de la comisión. Pero no toda esa parte está igual. Hay áreas donde la penetración de la banda ancha no es óptima, pero al menos existe. Y hay zonas donde el ADSL es un perfecto desconocido; donde la extensión del acceso a internet de alta velocidad es igual a cero. En el mapa de cobertura que acompaña al informe, estos sitios se han pintado de blanco, y hay bastantes. Castilla y León parece estar a la cabeza en mancha nívea, pero también hay puntos evidentes en Aragón, Galicia, Castilla-La Mancha y Andalucía.

Las operadoras no tienen la más mínima intención de llegar hasta estas áreas y lo admiten abiertamente. Telefónica y muchos de sus competidores han dicho públicamente que la única forma de evitar una brecha digital en estos casos son las ayudas públicas.

El Gobierno ha recogido el guante y lleva varios años subvencionando y dando créditos blandos a las operadoras para ayudar a la extensión de la banda ancha. Arrancó en 2005 y lleva varias convocatorias. Empezó con subvenciones de ocho millones y créditos por 17 millones y ha ido elevando la cuantía. La última convocatoria fue en 2010 y las ayudas ascendieron a 133 millones. Para la convocatoria de este año, los fondos disponibles llegan a 200 millones.

Esta contribución, sin embargo, no ha permitido borrar las manchas blancas del mapa, así que varias comunidades autónomas han decidido ayudar al Gobierno y encargarse ellas mismas de encontrar las zonas abandonadas de la banda ancha y poner remedios para que deje de ser así. Pero su objetivo no es que llegue un vulgar ADSL de un mega hasta sus ciudadanos. No. En la mayoría de los casos las ayudas planteadas tienen un objetivo mucho más ambicioso: las redes de nueva generación, hechas con fibra óptica y capaces de llevar 100 megas de velocidad al salón de cualquier hogar.

"El desarrollo de las redes de nueva generación y de las tecnologías 3G/4G tercera y cuarta generación de móvil corre el riesgo de suponer una nueva brecha digital entre zonas que dispongan de estos nuevos accesos ultrarrápidos y servicios en movilidad y las zonas que carezcan de ellos o en los que se demore en exceso su desarrollo, lo cual lastraría el impulso socioeconómico asociado al desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones". Así introduce el Gobierno del País Vasco la consulta pública que acaba de lanzar y que estará abierta hasta el 18 de febrero para que las operadoras y las instituciones involucradas den su opinión sobre qué ayudas, dónde y en qué condiciones serían necesarias para llevar las redes de nueva generación y la banda ancha móvil donde nadie ahora quiere hacerlo.

El País Vasco ha sido la última, pero las comunidades que se han puesto en marcha son más. Asturias fue la pionera. Empezó con los fondos mineros y desde 2005 lleva desplegando una red neutra de fibra óptica que ya llega a casi el 10% de las viviendas del Principado. Cataluña ha seguido un modelo parecido, con una red abierta que acaba de ser adjudicada.

La siguiente fue Galicia, que ha explorado su territorio y ha lanzado una convocatoria de ayudas para la extensión de redes de nueva generación. La comunidad pone 28 millones, en parte con cargo a fondos europeos Feder, y las operadoras que acudan a la llamada deben poner el resto hasta llegar a una inversión conjunta de 70 millones de euros. Todo ello, para llevar redes de nueva generación, con 100 megas de velocidad de bajada y cinco de subida a, al menos, 89 municipios de un total de 329 núcleos del territorio gallego seleccionados en función de la demanda desatendida.
Valencia ha optado por un proyecto mixto. Por una parte, su objetivo es aumentar la cobertura de la banda ancha tradicional en su comunidad. La velocidad mínima serán tres megas, pero si alguien da seis será mejor recibido. La ayuda asciende a 13 millones. Para las redes de nueva generación ha reservado otra partida, aunque más reducida, de dos millones.
En la lista de espera están Canarias y Castilla-La Mancha, con planes de apoyo todavía sin concretar.

Varios procesos para un mismo objetivo
Conceder ayudas públicas para que los ciudadanos tengan acceso al ADSL o una red de fibra puede parecer loable, pero hay que pasar varios trámites para que no sea considerado ilegal. Y es que las directrices europeas ponen reparos a determinadas intervenciones del sector público en la iniciativa privada. Por eso, todos los proyectos de las comunidades tienen que pasar el filtro de la Comisión Europea, que debe dictaminar si se ajusta a la regulación de las ayudas de Estado.
La siguiente ventanilla corresponde a la CMT, que debe dar su opinión sobre el proyecto de la comunidad interesada. En cuestión está que la iniciativa pública no frene la inversión privada ni interfiera en la posible competencia.
Por eso son clave las reuniones con los operadores antes de lanzar el proyecto de ayudas, porque son ellos los que determinan en qué áreas serán posibles. Y es que solo se pueden conceder ayudas donde no vaya a haber inversión privada en el plazo de tres años. Por eso, las regiones deben identificar tres zonas: las blancas, las grises y las negras.
Las primeras son aquellos núcleos de población donde no hay redes de acceso a internet ultrarrápidas (o de banda ancha tradicional, según el tipo de ayuda) ni previsión de que las haya en un futuro. Aquí las ayudas son posibles. En las grises un operador tiene despliegue o previsión de tenerlo y en las negras son varios los que están dispuestos a entrar.
Además de concretar las zonas, las comunidades también deben cuidar otras condiciones, como que el operador que vaya a hacer la red tenga una oferta mayorista.

Las cifras
45 poblaciones son las que cubre la red de fibra óptica de Asturias, el 9,5% de las viviendas del Principado.
556,5 millones de euros sumó el montante de los acuerdos firmados en 2008 entre el Gobierno y las autonomías para el desarrollo de la banda ancha.
70 millones de euros son los que quiere movilizar Galicia para llevar la fibra donde no existe ahora.
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