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martes, 19 de enero de 2010

La amenaza de Argentina complica la presencia de Telefónica en Italia

La situación se complica por momentos en las telecomunicaciones argentinas. La presencia de Telefónica en el capital de Telecom Italia llevó a la Administración argentina a considerar el pasado año que se restringía la competencia en el sector, ya que la española es la dueña de Tasa, la principal operadora, mientras que la italiana tiene la mitad del capital de Telecom Argentina, el gran rival de Tasa.

Por eso, el organismo argentino de competencia (dependiente del Gobierno argentino) decidió que Telecom Italia debía vender su participación en su filial argentina antes del 25 de agosto próximo, decisión que fue recurrida por el grupo italiano. Pero, el pasado día 16, un tribunal argentino, la Cámara de Apelaciones de la Justicia, suspendió la aplicación de esa decisión hasta que haya un dictamen judicial sobre si existe una situación de monopolio real.

Este revés judicial ha encrespado las relaciones del Gobierno argentino con la operadora italiana, hasta el punto de que el ministro de Planificación, Julio de Vido, mano derecha de la presidenta, Cristina Kirchner, y uno de los duros del gabinete, amenazó ayer con anular la licencia de Telecom Argentina, lo que le haría imposible prestar servicios. La desmesura de la amenaza demuestra el nivel de irritación del Ejecutivo argentino, que considera “un agravio” tanto la decisión judicial como la resistencia de Telecom Italia a malvender su participación en la filial argentina.

“Vamos a seguir adelante contra los monopolios, recurriremos como lo hemos hecho en otras oportunidades, no nos va a temblar el pulso para hacer lo que tengamos que hacer”, afirmó De Vido. “Si es necesario” podría plantearse la “caducidad” de la licencia de Telecom Argentina, advirtió. El ministro adelantó que el Gobierno recurrirá la decisión judicial y avanzó que “cuando corresponda, daremos intervención al Parlamento”. “Somos esclavos de la seguridad jurídica, queremos que se cumpla lo que se firmó”, insistió el ministro. “En Argentina, hay vocación negociadora”, apuntó, “y nada nos complacería más que las autoridades de Telecom procedieran a hacer un proceso razonable y rápido”.

Miguel Sebastián pide a Italia más reciprocidad para las inversiones de empresas españolas -->
Pero advirtió de que “nunca nos tembló el pulso para hacer cumplir a rajatabla la lista de contratos” y recordó el caso de Aerolíneas Argentinas, que estaba en manos del grupo español Marsans y fue nacionalizada el año pasado. “Todo depende de la buena voluntad que haya de la otra parte, si ellos se dedican a agraviar y descalificar a la Argentina o se limitan a desinvertir para evitar una situación monopólica”, insistió De Vido.

Consecuencias
El endurecimiento de la postura del Gobierno argentino puede contribuir a complicar la presencia de Telefónica en el capital de Telecom Italia, donde es el primer accionista de Telco, el hólding que mantiene el control de la operadora transalpina. De hecho, ayer, la prensa italiana aseguraba que Telefónica y Telecom Italia se han dado tres meses para decidir si rompen la alianza o van a una mayor integración que podría incluir una fusión, según el diario La Reppublica. Y los motivos para este ultimátum proceden, precisamente, de los problemas que le están provocando a la italiana, especialmente en Argentina, la presencia de la española en el capital.

Reciprocidad en Italia
En este sentido, el ministro español de Industria, Miguel Sebastián, aseguró ayer que a España le gustaría ver una mayor apertura en Italia a la inversión de empresas españolas. Las compañías italianas han invertido en España (Endesa, Telecinco y Cuatro, entre otras) y “nos gustaría ver más reciprocidad”, señaló Sebastián. Aunque no la mencionó, las palabras de Sebastián podrían aplicarse a las dificultades que ha tenido Telefónica con el Gobierno italiano por su presencia en Telecom Italia, ya que, el pasado verano, el Ejecutivo de Berlusconi manifestó que la presencia española en Telecom constituía un “problema”.

Las disputas impiden una propuesta sobre la redesEl Ministro de Industria, Miguel Sebastián, presentó ayer en Madrid un informe de las principales empresas europeas del sector de las tecnologías de la información que recoge las propuestas del sector para que Europa salga fortalecida de la crisis. Sebastián anunció que el informe “servirá de base para la elaboración de la Estrategia de Granada”, la nueva frontera que el Gobierno quiere impulsar como sucesora de la estrategia de Lisboa.

Entre otras propuestas, el informe propone la creación de un Mercado Único Digital (en palabras de Sebastián, “la libre circulación de contenidos y servicios digitales”), para lo que habrá que eliminar barreras y revisar los “diferentes sistemas de licencias y los gravosos y desfasados regímenes de canon por copia privada”. El informe también propone la universalización de la banda ancha, para lo que reclama financiación pública. Lo más curioso, sin embargo, es que no propone recetas regulatorias para estimular el despliegue de redes (“los cimientos del sector”) por las disputas entre las diferentes asociaciones de operadores: Etno, que agrupa a los históricos, frente a Ecta, que engloba a los alternativos.

Industria apoya el informe que critica la tasa para RTVEEl informe europeo también hace especial hincapié en la reducción de las cargas y barreras administrativas, así como las diferencias nacionales que obstruyen el despliegue de las redes. Pero, curiosamente, la opinión de las empresas europeas, que el Ministerio de Industria apoya en su conjunto para constituir la base de la nueva estrategia digital europea, también aboga por eliminar las tasas y gravámenes específicos del sector, así como las obligaciones fiscales duplicadas que recaen sobre los operadores.

Estas recomendaciones son una contribución específica de las asociaciones españolas al informe, y apuntan directamente, entre otras, a la tasa impuesta a las operadoras de telecomunicaciones –el 0,9% de los ingresos brutos– para financiar la retirada de la publicidad en RTVE. Esta tasa ha provocado la apertura de un expediente al Gobierno español por parte de la Comisión Europea, que duda de la compatibilidad de la norma con la regulación comunitaria de telecomunicaciones. De hecho, la Comisión se ha dirigido a España oficialmente para prohibirle que utilice, por ahora, los fondos recaudados por esta tasa para financiar a RTVE.

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