La Asociación Española de Operadores de Telecomunicaciones con Red Propia (Redtel) -agrupa a Telefónica, Vodafone, Orange y Ono- precisó que las compañías seguirán pagando la tasa para financiar la supresión de la publicidad de Televisión Española (TVE) mientras la normativa siga vigente.
Las palabras de Redtel vienen pocos días después de que el consejo de RTVE aprobara un documento, que iba a remitir a la CMT y al Ministerio de Economía, en el que pedía a estos organismos que cumplieran la ley de Financiación de la Corporación. RTVE reclamaba a la CMT que se encargara de que las operadoras y el resto de canales de televisión pagaran la nueva tasa para financiar TVE.
Las palabras de Redtel vienen pocos días después de que el consejo de RTVE aprobara un documento, que iba a remitir a la CMT y al Ministerio de Economía, en el que pedía a estos organismos que cumplieran la ley de Financiación de la Corporación. RTVE reclamaba a la CMT que se encargara de que las operadoras y el resto de canales de televisión pagaran la nueva tasa para financiar TVE.
Con respecto a la decisión de la Comisión Europea para llevar ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TUE) esta tasa que España ha impuesto a los operadores de telecomunicaciones, fuentes de Redtel indicaron a Europa Press que "no les sorprende la noticia", ya que la agrupación ha manifestado en diversas ocasiones que esta imposición es contraria a la legislación europea, así como inconstitucional.
No obstante, recalcaron que las compañías seguirán cumpliendo "escrupulosamente" con la ley como hasta ahora. Otras fuentes del sector explicaron que las operadoras han desembolsado ya cerca de 200 millones de euros para la financiación del ente público.
De acuerdo con las estimaciones de la Comisión, que considera que esta tasa "es incompatible con las normas de la UE en materia de telecomunicaciones, esta obligación iba a generar unos ingresos de aproximadamente 230 millones de euros en 2010.
Redtel recordó que los operadores han puesto en marcha medidas jurídicas para la defensa de sus intereses, tanto en el ámbito comunitario como en el nacional ante el Tribunal Supremo por motivos de inconstitucionalidad.
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